Un grupo de modelización convocado por la Organización Mundial de la Salud y el ONUSIDA ha estimado que, si no se hacen esfuerzos para mitigar y superar las interrupciones en los servicios y suministros sanitarios durante la pandemia de COVID-19, una perturbación de los tratamientos antirretrovíricos que durase seis meses podría provocar más de 500 000 fallecimientos adicionales en 2020 y 2021 por enfermedades asociadas al sida, incluida la tuberculosis, en el África subsahariana. Se estima que en 2018 fallecieron 470 000 personas en esa región por causas relacionadas con el sida.

Los servicios podrían verse interrumpidos por muy diversas causas: esta modelización deja claro que las comunidades y los asociados deben actuar ya, porque el impacto de una perturbación de los tratamientos antirretrovíricos durante seis meses podría retrotraernos a las cifras de mortalidad asociada al sida que existían en 2008, cuando se registraron en la región más de 950 000 defunciones relacionadas con el sida. Además, seguirían muriendo muchas personas como consecuencia de dicha perturbación durante al menos cinco años más, con un exceso anual medio de mortalidad del 40% a lo largo del próximo lustro. Además, las perturbaciones en los servicios contra el VIH también podrían afectar a la incidencia del VIH durante el próximo año.

«La terrible perspectiva de que medio millón de personas más mueran en África por enfermedades relacionadas con el sida supone un retorno al pasado», declaró el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud.

«Debemos tomárnoslo como una llamada de aviso a los países para que busquen el modo de mantener todos los servicios sanitarios vitales. En el caso del VIH, algunos países ya están adoptando medidas importantes, como asegurarse de que las personas puedan obtener envases con múltiples dosis de tratamiento y otros suministros esenciales —como dispositivos de autoanálisis— en puntos de recogida determinados, lo que reduce la presión sobre los servicios y los profesionales sanitarios. También debemos asegurarnos de que los suministros mundiales de pruebas y tratamientos continúen llegando a los países que los necesitan», añadió el Dr. Tedros.

En el África subsahariana se estima que en 2018 había 25,7 millones de personas con VIH, de las que 16,4 millones (un 64%) recibían tratamiento antirretrovírico. Ahora, estas personas corren el riesgo de que su tratamiento se vea interrumpido porque los servicios contra el VIH permanezcan cerrados o no puedan suministrar antirretrovíricos debido a trastornos de la cadena de suministro o al simple desbordamiento de los servicios por tener que participar al mismo tiempo en la respuesta a la COVID-19.

«La pandemia de COVID-19 no debe ser una excusa para desviar inversiones del VIH —advierte Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva del ONUSIDA—. Existe el riesgo de que los logros de la respuesta al sida que tanto costó alcanzar se sacrifiquen en aras de la lucha contra la COVID-19, pero el derecho a la salud supone que no se debe combatir ninguna enfermedad a costa de otra».

Cuando los pacientes siguen correctamente el tratamiento, su carga vírica de VIH cae a niveles no detectables, lo que los mantiene sanos y evita que transmitan el virus a otras personas. Cuando un paciente no puede tomar regularmente sus antirretrovíricos, la carga vírica aumenta, lo que conlleva efectos perjudiciales para la salud que pueden desembocar en la muerte. Incluso una interrupción relativamente corta del tratamiento puede tener consecuencias negativas importantes para la salud de la persona y para su potencial de transmisión del VIH.

En el estudio de modelización participaron cinco equipos de especialistas, que aplicaron diferentes modelos matemáticos para analizar los efectos de posibles perturbaciones debidas a la COVID-19 en los servicios de detección, prevención y tratamiento del VIH.

En todos los modelos se examinó el efecto que una perturbación de los tratamientos durante tres o seis meses tendría en la mortalidad por sida y la incidencia de VIH en el África subsahariana. En la hipótesis de una perturbación de seis meses de duración, las estimaciones del exceso anual de mortalidad asociado al sida fueron desde 471 000 hasta 673 000 muertes adicionales, con la consiguiente imposibilidad de alcanzar la meta mundial para 2020 de que las muertes relacionadas con el sida sean inferiores a 500 000.

Una perturbación más breve, de tres meses de duración, tendría un efecto menor pero aun así significativo en la mortalidad por VIH. Interrupciones más esporádicas en el suministro de tratamientos antirretrovíricos darían lugar a un cumplimiento terapéutico inconstante que provocaría un aumento de la farmacorresistencia del VIH, con consecuencias a largo plazo para la eficacia futura de los tratamientos en la región.

Las perturbaciones en los servicios también podrían revertir los logros alcanzados en la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH. Desde 2010, las nuevas infecciones infantiles por VIH en el África subsahariana han descendido un 43%, pasando de 250 000 en 2010 a 140 000 en 2018, gracias a la elevada cobertura de los servicios maternoinfantiles contra el VIH en la región. Si la COVID-19 restringiese dichos servicios durante seis meses, el número de nuevas infecciones por VIH en niños podría experimentar un aumento drástico, de hasta el 37% en Mozambique, el 78% en Malawi, el 78% en Zimbabwe y el 104% en Uganda.

Otros efectos significativos de la pandemia de COVID-19 en la respuesta al sida en el África subsahariana que podrían aumentar la mortalidad son la reducción de la calidad de la atención clínica debida a la sobrecarga de los centros sanitarios, así como la suspensión de las pruebas de carga vírica y la reducción del asesoramiento sobre cumplimiento terapéutico y los cambios de tratamiento farmacológico. Los modelos también examinaron el grado en que se vería afectada la incidencia del VIH en la región por perturbaciones de servicios de prevención como la suspensión de la circuncisión médica voluntaria en los varones, la interrupción en la disponibilidad de preservativos y la suspensión de las pruebas de detección del VIH.

El estudio pone de manifiesto la necesidad de esfuerzos urgentes para garantizar la continuidad de los servicios de prevención y tratamiento del VIH a fin de evitar un exceso de mortalidad por VIH y un incremento de la incidencia del VIH durante la pandemia de COVID-19. Será importante que los países den prioridad a reforzar las cadenas de suministro y a asegurarse de que las personas que ya reciben tratamiento puedan seguir haciéndolo, lo cual incluye adoptar o reforzar políticas como la dispensación de tratamiento antirretrovírico para varios meses a fin de reducir la necesidad de acudir a los centros sanitarios para visitas de rutina y disminuir así la carga para unos sistemas de atención sanitaria desbordados.

«Cada muerte es una tragedia —añade la Sra. Byanyima—. No podemos permanecer cruzados de brazos mientras cientos de miles de personas, muchas de ellas jóvenes, fallecen innecesariamente. Insto a los Gobiernos a garantizar que todos los hombres, mujeres y niños con VIH reciban un suministro regular de tratamientos antirretrovíricos que suponen, literalmente, un salvavidas».