Los gobiernos del mundo enfrentan el gran desafío de gestionar las políticas públicas de emergencia, en medio de la pandemia del Coronavirus, sin que sus acciones o medidas violen las garantías internacionales alrededor de los Derechos Humanos.

Hemos visto, tanto en regímenes democráticos, autoritarios y autocráticos, como se ejecutan ciertos vicios que atentan contra los derechos fundamentales del hombre. Lo que causa alarma entre la sociedad mundial.

Sabemos que la actual pandemia es un peligro para la forma de vida globalizada, hiperconectada y multipolar que se ha construido a lo largo de los últimos años, e inclusive la urgencia de medidas de prevención pudieran estar afectando los derechos de los ciudadanos.

Los gobiernos del planeta deben trabajar en dos frentes paralelos. El primero de ellos, es en la lucha permanente en contra del Covid-19 y otra en el evitar los propios excesos que se pudieran exteriorizar en el proceso.

He aquí, donde la participación del ciudadano toma un rol protagónico. Las sociedades no son convidados de palo en esta crisis, sino que deben ser parte esencial en la construcción de soluciones. Por ejemplo, el gobierno del país que sea debe apoyarse en un equipo meritocrático, donde los mejores sean invitados a trabajar unidos.

Los gobiernos no deben politizar una crisis como ésta y deben ser cada vez más transparentes en el manejo de la información y más abiertos a la hora de recibir las percepciones de las fuerzas vivas de esa sociedad que está a merced de la enfermedad.

Lo ideal es que la academia de medicina que reúnen a estudiosos más importantes, los centros de análisis e investigación científica sean parte de los equipo de lucha por la salud de los ciudadanos. La sanación de la ciudadanía no se logra con discursos políticos, sino con acciones médicas y de expertos en bioanálisis, epidemiología y bacteriología.

Igualmente, es recomendable que los gobiernos tengan la opinión permanente y activa de abogados especialistas en Derechos Humanos, quienes son los más idóneos para encender las alarmas cuando el Estado sobrepase sus limitaciones y emprenda actividades que vulneren los derechos de las personas.

Los gobiernos deben aprender a escuchar. ¡Sí! A escuchar la voz de los médicos cuando de temas de salud se trata, escuchar a los abogados y especialistas en Derechos Humanos cuando se estén tomando acciones que pudieran socavar a los ciudadanos, y sobre esto escuchar la voz de la sociedad civil y comprender lo que cada ciudadano siente y padece desde su perspectiva.

La solución a la crisis de salud mundial, a la par de sus consecuencias económicas y sociales, solo tienen dos vacunas posibles. La primera es el entendimiento de los Gobiernos sobre el rol de apertura que deben asumir en este momento, y dos la comprensión de cada ciudadano de la importancia de su voz, de su óptica y de su participación.

Mientras más abierto sea un gobierno más fuerte será para enfrentar una crisis; y mientras más participativo sea una sociedad, más energía y cohesión tendrá para vencer las emergencias.

Junta Directiva Nacional del CIV y Presidente de la ONG Gente y Ciudad